Carta enviada por el Alcalde de Salamanca a ZP

En primer lugar te agradezco la deferencia de responder a mis misivas, pese a tu negativa a mantener una reunión para hablar sobre lo que aún es el Archivo General de la Guerra Civil que, al igual que le trasladé personalmente a tu ministra de Cultura, Carmen Calvo, te animo a que visites con prontitud porque ya es un cadáver fruto del resentimiento y en apenas unos días será tan sólo un triste recuerdo tras la reunión del Patronato el pasado martes.

Me duele tu reiterada negativa a recibirme porque hubiera sido necesario cambiar impresiones sobre el Archivo. Por el contenido de tu carta confirmo, lamentablemente, que es un asunto del que o bien te han informado mal o en el que no has querido escuchar a voces autorizadas y expertas que han alertado pública y reiteradamente sobre el grave atentado cultural que el Gobierno que presides se dispone a perpetrar, protagonizando un hecho insólito en las democracias europeas.

Ya que no me quieres recibir, permíteme al menos que te aclare por escrito que no se devolverá la documentación a sus legítimos dueños, como tú me transmites en tu misiva. Como es sabido, el único dueño de los fondos es el Estado pues forman parte del Patrimonio Histórico Español. También te ratifico que su devolución supondrá, lógicamente, la desmembración del Archivo General de la Guerra Civil, que, por cierto, menciono con mayúsculas pues hasta ahora había sido un centro singular y único merecedor de tal distinción tipográfica. Sin embargo, te reconozco al menos el acierto de escribirlo en tu carta con minúscula, ?archivo?, sin más pues muy pronto perderá todo su valor e importancia y dejará de ser un centro de referencia para estudiar y entender un conflicto del que los españoles deberíamos aprender para no abrir antiguas heridas y resucitar odios estériles.

Te recuerdo que la Real Academia de la Historia ha advertido públicamente que el expolio abrirá una vía de impredecibles consecuencias, y que tanto la Asociación Nacional de Archiveros como los archiveros de Castilla y León han alertado que supondrá la total desmembración del fondo documental. El propio director del Archivo General de la Guerra Civil, Miguel Ángel Jaramillo, alertó, antes de ser públicamente silenciado, que «era el principio del fin» y que la decisión era «política, sólo política», declaraciones que te adjunto junto a otros contrastados pronunciamientos para que compruebes que no te traslado «mi opinión» sino la de voces expertas por las que, lamentablemente, has mostrado la misma indiferencia que por las más de 80.000 personas que nos manifestamos pacíficamente o por los 85.000 ciudadanos y más de 200 colectivos que firmamos el manifiesto por la unidad del Archivo.

La Ley que legitimará el expolio es arbitraria e injusta, pues responde solamente al interés concreto y particular de satisfacer el cumplimiento de un pacto político de tu Gobierno. No se basa en ningún informe técnico y carece de base científica, ya que no se ha consultado a la Junta Superior de Archivos, pese a que así lo acordó el Congreso en mayo de 2004. Ha desoído también el informe de la Real Academia de la Historia y, además, contradice abiertamente la doctrina del informe preparado para la Unesco por el Consejo Internacional de Archivos sobre los ?Archivos de los Servicios de Seguridad de los desaparecidos regímenes represivos?. Por si todo lo expuesto te pareciera insuficiente, tampoco se ha escuchado al propio informe de la Comisión de Expertos nombrada por el Patronato, que en ningún caso planteaba la devolución de documentos a personas físicas o jurídicas de carácter privado.

Te reitero que la Ley supondrá la desaparición del Archivo. ¿Cómo si no calificarías que implicará de manera inmediata la salida de unas 2.500 cajas de documentos y, a medio plazo, de otras 8.000? Sin olvidar además, que abre la vía para la reivindicación de otras comunidades autónomas y de administraciones públicas.

Concluyes tu carta asegurando que «este contencioso no ha sido creado por este Gobierno» y que «ahora tenemos una excelente oportunidad de cerrarlo, siendo sensibles a las reivindicaciones de quienes sufrieron un expolio, y potenciarlo al tiempo que el Archivo de Salamanca. Creo que estamos ante una solución justa». Permíteme que te explique que este asunto se cerró el 22 de julio de 2002, con el acuerdo unánime del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, que zanjó la cuestión estimando no procedente la salida de documentos y abogando por la necesidad de preservar la unidad del Archivo. Por lo tanto el conflicto estaba cerrado, y si ahora tu Gobierno lo ha reabierto ha sido por su pública sensibilidad hacia una sola de las partes, el tripartito catalán, con el que rubricó el 14 de diciembre de 2003 el retorno de la documentación depositada en el Archivo de Salamanca, acuerdo que ha creado este contencioso del que eres directamente responsable. No estamos ante una solución justa, claro que no, sino ante un dislate sin precedentes; ni tampoco se potenciará un Archivo que en apenas unos días ya no existirá y cuya dignidad no será en ningún caso restituida por un gran centro de fotocopias, que es en lo que tu Gobierno está dispuesto a convertirlo, con el inexplicable apoyo de un castellano y leonés como tú.

Recibe un saludo cordial.

Julián Lanzarote Sastre



*Publicada en Tribuna de Salamanca