ETA, fuera de las instituciones ¡YA!

En la legislatura pasada, sólo la Rebelión Cívica en la calle evitó
que el Gobierno terminara por conceder todas y cada una de las
reivindicaciones por las que ETA lleva cuatro décadas matando,
extorsionando y amenazando.

Zapatero, despreciando el dolor provocado por ETA durante 40 años,
inició un proceso de negociación con esa banda terrorista. Las actas
de las conversaciones publicadas en los medios revelan que se llegó a
discutir incluso el futuro de Navarra con los enviados de una
organización criminal que siempre ha reclamado la anexión de esa
comunidad autónoma al País Vasco.

De nada sirvió la oposición casi unánime de las víctimas del terrorismo.

De nada sirvió el rechazo de una amplia mayoría de la sociedad.

De nada sirvieron tampoco las advertencias de que estábamos ante una
nueva tregua-trampa.

Zapatero, en contra de todo y de todos, siguió adelante con su
política de cesión ante los terroristas, llegando hasta el punto de
aprobar en el Congreso de los Diputados una declaración solemne que
legitimaba a ETA como interlocutor político y de presentar en el
Parlamento Europeo una moción que no hacía sino satisfacer las ansias
de ETA por obtener un reconocimiento internacional.

La ruptura de la tregua por parte de ETA hubiera debido llevar
aparejada una rectificación completa e inmediata del Gobierno.

Pero, lejos de producirse esa rectificación, Zapatero no tuvo reparo
en permitir, después incluso de que ETA volara el parking de la T4 en
Madrid, que el brazo político de los terroristas regresara a esos
ayuntamientos de los que los demócratas habíamos conseguido
expulsarles en el año 2003.

Ni siquiera los posteriores asesinatos cometidos por ETA han
conseguido que el Gobierno rectifique y expulse a los terroristas de
esos ayuntamientos a los que nunca deberían haber vuelto.
Ayuntamientos que permiten a ETA manejar no sólo ingentes cantidades
de dinero de nuestros impuestos, sino también los datos censales de
los vecinos.

No sólo es que matar le siga saliendo a ETA gratis. Es que, además,
financiamos a ETA con nuestros impuestos para que siga matándonos.

Ante la falta de respuesta institucional del Gobierno español, ante la
permanente negativa de Zapatero a expulsar a ETA de las instituciones
y ante el temor de que esa falta de respuesta esconda el deseo de
volver a oficializar los contactos en cuanto el clima político sea más
propicio para las pretensiones del Gobierno, los abajo firmantes
hacemos un llamamiento a que la sociedad se movilice y le haga llegar
al Gobierno el mensaje, claro y contundente, de que estamos hartos.

El Gobierno debe expulsar a ETA de las instituciones y debe hacerlo
ya. Y por eso:

1) Exigimos al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la disolución
inmediata de los ayuntamientos gobernados por terroristas, en
aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, de la
misma forma que se disolvió el ayuntamiento de Marbella por corrupción.

2) Exigimos que el Parlamento español apruebe una declaración solemne
revocando la autorización para que el Gobierno negocie con la banda
asesina ETA.

3) Exigimos que el Gobierno español solicite al Parlamento Europeo la
revocación de la resolución que mostraba su apoyo a las negociaciones
entre el Gobierno español y ETA.

4) Exigimos que el Gobierno español, mientras se tramita la disolución
de los ayuntamientos en los que ANV gobierna, no entregue a esos
municipios ni un solo céntimo de los fondos de emergencia destinados a
que las corporaciones locales afronten la crisis económica, con el
único fin de evitar que pueda destinarse más dinero público a la
financiación de actividades terroristas.

5) Exigimos al Gobierno el respeto estricto a lo estipulado en el
Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo suscrito por el PP y
el PSOE, en su formulación actual.

6) Exigimos que los partidos políticos se dejen de declaraciones
huecas y que los poderes públicos pongan en práctica, aplicando los
mecanismos que proporciona el Estado de Derecho, medidas reales
dirigidas a acabar con el nacionalismo terrorista y con quienes, desde
posturas falsamente moderadas, les prestan apoyo material o
justificación ideológica.

Estamos hartos de proclamas hipócritas llamando a la "unidad de las
fuerzas democráticas contra el terrorismo". Lo que la gran mayoría de
los españoles queremos es, simplemente, la derrota policial y judicial
de los asesinos. Y no deseamos, porque es imposible, ninguna "unidad"
con ninguna fuerza política que no comparta con nosotros ese deseo de
que el terrorismo nacionalista sea derrotado de manera incondicional.

Llamamos a los ciudadanos a reactivar la Rebelión Cívica si el
Gobierno continúa sin cumplir con su obligación de acabar con los
terroristas, o si pretende reeditar el proceso de negociación con los
asesinos de ETA.